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Las multas podrán saldarse con trabajos en beneficio de la comunidad
Todos los partidos votan a favor de la aprobación inicial de una ordenanza para "reeducar" y "reparar el daño". También se da luz verde al trámite para acondicionar un espacio de ocio juvenil.

 

Todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad en el pleno celebrado el jueves 26 de mayo una ordenanza municipal que ofrece la posibilidad de saldar las sanciones económicas que imponga el Ayuntamiento con trabajos en beneficio de la comunidad.

El alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada (Por Atarfe Sí), explicó que la finalidad de esta norma es la de "disponer de medidas reeducadoras para evitar, en la medida de lo posible, la reincidencia en conductas incívicas, a la vez que reparar el daño ocasionado con la realización de trabajos e incluso la reposición de los bienes al estado anterior a la infracción".

El vecino que infrinja la norma podrá pagar la sanción que se le imponga o, si lo prefiere, realizar un trabajo en beneficio de la comunidad que implica también su participación en talleres, charlas o actividades educativas que supervisará un empleado municipal, quien deberá certificar que el servicio se presta. 

La ordenanza presentada por el equipo de gobierno se aprobó con la incorporación de una enmienda del grupo municipal socialista, cuyo portavoz Óscar González propuso que dicho servicio en beneficio de la comunidad se preste sólo en dependencias municipales y no en entidades sociales sin ánimo de lucro, dos opciones que inicialmente contempló el gobierno.

Esta fórmula de saldar la multa con trabajos o actividades ‘reeducadoras’ en dependencias municipales sólo se aplicará cuando se vulneren las ordenanzas municipales de limpieza, tráfico y seguridad vial, convivencia ciudadana, normativa de seguridad ciudadana, actividades de ocio en espacios abiertos, venta ambulante o actividades ilegales en mercados. Quedan excluidas de esta ordenanza las sanciones tributarias y urbanísticas, las personas jurídicas y los casos muy graves salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas.

Por cada hora de trabajo o formación se condonarán 10 euros del importe de la sanción, si bien el límite de jornadas se ha establecido en 60. El Ayuntamiento suscribirá una póliza de seguro de accidentes para cubrir los riesgos procedentes de su cumplimiento, y el infractor estará amparado por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

La enmienda socialista, aceptada por todos los grupos municipales, plantea además que la formación sea impartida por personal del Ayuntamiento u organizaciones sociales siempre que no suponga un coste para el municipio. También propuso que se establezca un plazo de 20 días desde que se registra la solicitud del infractor y la Alcaldía resuelve. En caso de duda, el grupo municipal socialista considera necesario que el alcalde solicite un informe a los técnicos municipales del área que corresponda.

Todos los grupos municipales coincidieron en la necesidad de una normativa que ofrezca una segunda oportunidad a las personas que cometen infracciones leves. En caso de reincidencia no se aplicaría, tal y como recordó el concejal de Ganemos, Antonio Lucena.

El portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, consideró conveniente que la evaluación del desempeño de los trabajos la lleve a cabo personal autorizado del Ayuntamiento y no entidades sociales ajenas ante la posibilidad de que se pueda generar un clima de tensión.

El alcalde explicó que en la actualidad hay menores que pagan sus condenas con trabajos en beneficio de la comunidad en entidades como Protección Civil, encargadas de la evaluación, sin que hasta el momento se hayan producido problemas.

Por su parte, el concejal del PP, Antonio Díaz, reclamó vigilancia para el cumplimiento de dicho servicio a la comunidad y la formación precisa para que el infractor se dé cuenta de que la medida cumple una función pedagógica: “esto no es para no pagar una multa sino para que reeducar”.

Un proyecto para la juventud

También hubo unanimidad a la hora de autorizar al equipo de gobierno para que inicie el procedimiento de tramitación para construir un equipamiento de ocio juvenil junto a las pistas polideportivas.

El alcalde Francisco Rodríguez Quesada informó que los planes provinciales de obras y servicios que se han concertado con la Diputación de Granada permitirán adecuar en distintas fases un espacio de ocio demandado por la juventud y los propios padres y madres.  Para una primera fase, la institución provincial contempla una inversión de 176.000 euros en dos años y el Ayuntamiento el 40% del total del proyecto, en torno a 70.000 euros.

Se pretende acondicionar en torno a 2.500 metros cuadrados de un total de 8.000 para que los jóvenes de entre 13 y 18 años dispongan de un punto de información, locales de reuniones y ensayos, además de una zona con mobiliario para juegos y entretenimiento. En una segunda fase se llevaría a cabo la mejora de la instalación deportiva.

Todos los grupos de la oposición consideraron necesario un espacio para los jóvenes pero lamentaron que no tuvieran suficiente información del proyecto y que no se hubiese contado con su participación para desarrollar la zona de ocio juvenil. Ganemos planteó además la posibilidad de que dicho espacio se tramitara con los programas de inversiones que dispone el área de Deportes de la Diputación, al objeto de que el Ayuntamiento no tuviera que aportar el 40% como es preceptivo en los planes concertados.   

Sobre la falta de información, el equipo de gobierno aclaró que la documentación que se trasladó a los grupos no era el proyecto sino un esbozo de lo que se pretende realizar en el lugar y el compromiso por parte del pleno de llevarlo a cabo, tal y como exige la Diputación. La portavoz del equipo de gobierno, Rosa Félix, se comprometió a recabar la opinión de los grupos pero también de los jóvenes –ya hay convocada una reunión informativa para el 31 de mayo en el Centro Cultural Medina Elvira- antes de elaborar el proyecto.

En el capítulo urbanístico, se aprobó una modificación que afecta al uso del suelo industrial que se retiró en el pleno anterior porque el PP pretendía que en dicho espacio se dejara a la puerta abierta a la construcción de hoteles. La Junta de Andalucía informó desfavorablemente sobre dicha posibilidad por lo que en el pleno de ayer no hubo objeciones.

Mociones

En cuanto a las mociones debatidas hubo unanimidad en muchas de ellas. El PSOE presentó una iniciativa para proceder a la obra de rehabilitación de la plaza Eduardo Castillo de la pedanía de Sierra Elvira, dotándola de adecuadas instalaciones y mobiliario. Para ello quiere que se tengan en cuenta las sugerencias de los vecinos.

Ciudadanos llevó al pleno otras dos mociones que salieron adelante con el voto de los concejales presentes: una primera referida a la necesidad de promover el cooperativismo en los espacios públicos en desuso como medida de creación de empleo, y una segunda para establecer medidas de apoyo a las personas celíacas y a su entorno más próximo.

El grupo municipal de PASI logró el apoyo a una iniciativa para rechazar el acuerdo suscrito por la Unión Europea y Turquía que, según argumentó, ha agravado la crisis de los refugiados que huyen de la guerra. En dicho escrito se instaba al Gobierno de la nación a que propusiera la suspensión de dicho acuerdo y se pusiera las bases de otro en el que se respete la legalidad internacional y se ejerza la solidaridad. Se aprobó pese al voto en contra de los dos concejales del PP.

La única moción que se rechazó fue la que presentó Ganemos para que Atarfe se adhiriera a la red de municipios por un Estado laico, cuyo objetivo es “garantizar y fomentar la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respeto a cualquier confesión religiosa o ideología particular”. Los concejales de Por Atarfe Sí y Ganemos sumaron sólo siete votos a favor frente a los 9 de PSOE, PP y Ciudadanos.

En el turno de ruegos y preguntas intervinieron varios vecinos de Los Cortijos y la Ribera por los problemas de abastecimiento de agua y también hubo oportunidad de escuchar a un vecino desempleado que mostró su malestar por la actual política de empleo de las administraciones que, según manifesto, discrimina a los mayores de 45 años. 

Nota: Este artículo es un resumen de lo sucedido en el pleno. Los debates pueden verse en su integridad en el siguiente video que se grabó en directo

 





La ley obliga a replantear el sistema de contratación de empleo
La suspensión de la bolsa de empleo por la imposibilidad legal de aplicar criterios sociales obliga a estudiar otras fórmulas de contratación que el equipo de gobierno expuso ayer en el pleno.
 
La futura bolsa municipal de trabajo se deberá desligar del sistema de contratación de empleo temporal que tenía en cuenta los criterios de urgencia social. Los grupos municipales decidieron por mayoría, en el pleno celebrado el jueves 27 de mayo, iniciar los trámites para "desatascar" lo antes posible la nueva bolsa de trabajo que se aprobó inicialmente en enero con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos. No sólo se frena su aprobación definitiva sino que también se suspende la vigente bolsa de empleo que se aprobó por unanimidad en 2011. 
 
La decisión se adopta después de que un informe de la Diputación de Granada advirtiera de que la aplicación de criterios sociales en la baremación de la bolsa de trabajo es “atentatoria” con los principios de igualdad, mérito y capacidad, según establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
Para despejar dicho entuerto, la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Félix, expuso en el pleno ordinario -y con anterioridad en la Comisión Informatica de Empleo celebrada el 5 de mayo- cuatro actuaciones con “cobertura legal que pueden suplir e incluso mejorar las funciones que cubría la bolsa municipal de empleo”:
 
1. Un nuevo Reglamento de  Bolsa de Empleo local que se rija exclusivamente por los principios de igualdad, mérito y capacidad,  y que responda a las necesidades estructurales de personal del Ayuntamiento, pudiendo tener en cuenta las circunstancias excepcionales que puedan generarse para la dotación de personal temporal extraordinario.

2. Diseñar Planes de empleo locales. La Ley permite su puesta en marcha siempre y cuando se demuestre que el Ayuntamiento cumple con la sostenibilidad financiera comprometida y no hay duplicidad con los planes de empleo programados por otra administración.  

3. Iniciar, en el menor tiempo posible, el Programa Extraordinario de la Diputación para cubrir necesidades de urgencia social. Este Programa, que el Ayuntamiento de Atarfe ya ha concertado con la Diputación Provincial, regula un sistema de ayudas económicas  a través de contratos laborales de entre 15 y 45 días para personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Recientemente, la Diputación Provincial ha enviado una comunicación señalando que el Ayuntamiento puede ampliar la partida consignada con fondos propios.

4. Convertir la bolsa de empleo actual en una base de datos que esté a disposición de las empresas que quieran contratar personal. El equipo de gobierno se compromete a explicar en una campaña informativa la puesta en marcha de dicho servicio.
 
Antecedentes
 
Es necesario explicar que la bolsa de empleo, por la que se ha ido contratando hasta enero de forma temporal a vecinos desempleados, fue aprobada en 2011 por unanimidad y ya se tenía en cuenta la situación social de los desempleados. De hecho se incidió en este aspecto como pretexto para sacarla adelante.
 
La valoración de los criterios sociales de la nueva bolsa de empleo temporal ha sido la principal causa del desencuentro entre los grupos municipales. El debate que subyacía en el fondo tenía que ver con el soporte legal que sostiene todas las bolsas sociales de empleo creadas por los ayuntamientos en estos tiempos de crisis. Mientras que PSOE, PP y Ciudadanos sostenían que para trabajar en la administración solo se podía atender a criterios de iguladad, merito y capacidad, y que los criterios sociales podían ser ilegales; el equipo de gobierno (Por Atarfe Sí) y Ganemos mantenían que no eran puestos de acceso a la administración, sino una forma de generar ayudas de forma digna a través del empleo.
 
Al final se impuso en votación la propuesta presentada vía enmienda por Ciudadanos –y respaldada por PSOE y PP- que reducía los criterios sociales y no tenía en cuenta los ingresos por renta tal y como quería PASI y Ganemos. La falta de consenso y las dudas sobre la posible “ilegalidad” en la aplicación de criterios sociales, aunque se redujeran sustancialmente con respecto a la bolsa vigente, llevaron a los mismos grupos de la oposición que la aprobaron (PSOE, PP y C’s) a presentar alegaciones al objeto de que no se aplicara.
 
En su escrito solicitaban  “la eliminación del artículo 13 del reglamento en el apartado que hace referencia a la situación social (…) al no adecuarse al fundamento legal anteriormente expuesto”,  y la supresión de “cualquier reglamento existente que haga referencia a los criterios de selección que aleguen cláusulas sociales al no ser conformes a la ley”.
 
Ante la situación creada, el equipo de gobierno encargó un informe a la Diputación donde ya se advierte de que los criterios personales atendiendo a la renta, el desempleo o situación de exclusión social son nulos de pleno derecho. 
 
Debate en el pleno ordinario de mayo
 
Con el informe de la Diputación sobre la mesa, todos los partidos a excepción del portavoz de Ganemos, Antonio Lucena, que se abstuvo en la votación, decidieron aparcar la aprobación definitiva del reglamento de la bolsa de empleo que se abordó en enero, iniciar los trabajos para sacar adelante un nuevo reglamento desligado de otras actuaciones de marcado carácter social, y suspender definitivamente la bolsa vigente.
 
Todos los partidos coincidieron en la necesidad de buscar el consenso. El portavoz del PSOE, Óscar González, tan solo objetó que los planes de empleo local necesitan, además de cumplir con la ley de sostenibilidad financiera,  de la autorización de la Junta de Andalucía.
 
Su homólogo del PP, Antonio Díaz, mostró la disposición de su grupo de trabajar para que haya planes de empleo y coincidió con el PSOE en los reparos que puede poner la Junta a los planes de empleo local que, a su juicio, pueden crear falsas expectativas entre los ciudadanos. 
 
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, insistió de nuevo en buscar el consenso a la hora de elaborar el nuevo reglamento de la bolsa de empleo que, según el informe de Diputación, debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad. También dijo ser partidario de estudiar alternativas, conforme a la legalidad, que permitan desarrollar mecanismos de empleo con carácter social.
 
Desde Ganemos, Antonio Lucena propuso sin éxito que se anulase la aprobación inicial de la bolsa de empleo que se debatió en enero, pero que se mantuviera vigente la actual mientras no se recurra en los tribunales, apelando al carácter de urgencia y necesidad de muchas familias de Atarfe. Recordó que el informe de la Diputación, además de tumbar cualquier propuesta de bolsa de empleo que incluya aspectos sociales, cuestionaba la legitimidad de los partidos que hicieron la reclamación (PSOE, PP y Ciudadanos) puesto que fueron ellos los que votaron afirmativamente la aprobación inicial de un reglamento que, en menor medida, contemplaba criterios sociales.
 
El concejal del PP, Antonio Díaz, se mostró dispuesto a acudir a la justicia si se aplicaba la bolsa actual y responsabilizó al gobierno local y a Ganemos de romper el consenso en enero y de que no exista a día de hoy una nueva bolsa de empleo. 
 
En el turno de réplica, Lucena señaló que no se les podía echar la culpa de una bolsa que no llegaron a aprobar, recordando que fue el resto de partidos de la oposición el que votó afirmativamente a una enmienda que sabían que podía ser ilegal.
 
Para cerrar el debate, la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Félix, instó a todos los miembros de la Corporación a trabajar para hacer realidad las cuatro actuaciones que mencionó en su exposición inicial, pues entiende que la ciudadanía de Atarfe demanda esfuerzo y trabajo en común  para desbloquear el “atasco” de estos cuatro últimos meses. Consideró viable la posibilidad de poner en marcha planes locales si la Junta no lo hace, como ha ocurrido en 2015, y señaló que era muy importante que el acuerdo que se alcance en la negociación que se abre ahora se trasladé a los respectivos grupos políticos en el Parlamento andaluz para que se legisle y se mejoren las políticas de empleo de la administración local. 
 
 
Nota: Este artículo es un resumen de lo sucedido en el pleno. Los debates pueden verse en su integridad en el siguiente video que se grabó en directo





El reglamento de Participación Ciudadana no sale adelante
PSOE, PP y C's votan en contra del documento para incentivar la participación de los colectivos ciudadanos. Se sienten excluidos por no disponer de voto. PASI y Ganemos defendieron el reglamento.

 

Los grupos municipales PSOE, PP y Ciudadanos impidieron con su voto en contra la aprobación del reglamento de Participación Ciudadana que presentó el equipo de gobierno con la incorporación de casi la totalidad de las alegaciones realizadas por colectivos sociales y particulares. Los portavoces de los tres partidos coincidieron en argumentar, entre otras razones, que "se les daba voz pero no voto" en el Consejo de Ciudad, el órgano de carácter "consultivo y de participación, amplio y plural" que, según la redacción del reglamento, tiene potestad para "emitir informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos". Dicho órgano lo preside el alcalde Francisco Rodríguez Quesada con posibilidad de voto.

El alcalde, en nombre del equipo de gobierno, renunció en el transcurso del pleno al voto si con ello se llegaba al consenso, pero tampoco así hubo entendimiento, negándose a retirar el punto del orden del día -tal y como solicitó Ciudadanos- por considerar que se habían dedicado muchos meses de trabajo a la elaboración del reglamento, por lo que su aplazamiento suponía "una falta de respeto" a los colectivos que han colaborado en su redacción. 

La oposición, a excepción de los dos concejales de Ganemos que apoyaron el reglamento presentado por el gobierno que forma Por Atarfe Sí (PASI), entendió que el artículo 29 que alude a la composición del citado Consejo ("Un representante por cada uno de los grupos políticos que formen la Corporación Municipal, con voz pero sin voto") "excluye y discrimina" -en opinión del PSOE y del PP- a los grupos políticos, y "anula la representatividad de los concejales", según la opinión de Ciudadanos. 

La concejal socialista Francisca García Olivares objetó también para votar su grupo en contra la posibilidad de que "en breve" el Gobierno andaluz presente la Ley de Participación Ciudadana, circunstancia por la que, según el PSOE, conviene  "esperar" y "actuar bajo el paraguas" de la norma promovida por la Junta de Andalucía.

El portavoz del PP de Atarfe, Antonio Díaz Sánchez, confirmó la decisión de su grupo de rechazar la propuesta de reglamento, como ya adelantó en la última comisión informativa, por entender que los partidos representan a los ciudadanos que les han dado su confianza y, por tanto, tienen derecho a voto. Díaz Sánchez subrayó que está a favor de fomentar la participación pero se opuso a que la ciudadanía pueda intervenir en la elaboración de los presupuestos, tal y como establece el artículo 60 donde se recoge que serán "vinculantes para el pleno" las actuaciones en el capítulo de inversiones que se sometan a la opinión de los ciudadanos. 

El concejal de Ciudadanos, Antonio Pascual Martín, cuestionó que el alcalde tuviese voz y voto y no el resto de grupos. También criticó el artículo 60 por entender que "se nos hace responsables de las consecuencias de las decisiones [de la ciudadanía] que se tomen, pues se hace referencia al carácter vinculante".  Antonio Pascual Martín, que aludió a la inclusión en el programa de Ciudadanos de la dotación de una nueva "herramienta instrumental de participación", propuso retirar del orden del día la propuesta de reglamento del gobierno hasta lograr el consenso.

Por su parte, la portavoz de Ganemos, Silvia Lara, restó importancia a que los grupos no puedan votar en el consejo ciudadano puesto que "en última instancia somos nosotros [los concejales] los que tomamos las decisiones en el pleno", recordó. Silvia Lara no compartió el "recelo" del resto de grupos de la oposición y defendió que la ciudadanía tenga"independencia para elevar al pleno todas aquellas cuestiones que de otra manera no llegarían al Ayuntamiento". "Nosotros estamos por el fomento de la participación activa. Tenemos que entender que el concejal o el pleno es el órgano decisorio pero no tiene por qué ser motor de la iniciativa", argumentó la edil de Ganemos, partidaria igualmente de unos presupuestos participativos, una cuestión sobre la que su grupo ya presentó una moción en el anterior pleno ordinario.

Por último, el alcalde y concejal responsable de Participación Ciudadana, Francisco Rodríguez Quesada, se refirió al trabajo desarrollado en los meses previos por los distintos colectivos para adaptar a los nuevos tiempos un reglamento que data de 1997. Rodríguez Quesada negó que el equipo de gobierno tuviera intención de excluir a la oposición y cobrar así protagonismo en el consejo ciudadano. "Estoy dispuesto a renunciar al voto. Lo importante es crear conciencia colectiva entre los vecinos para saber cuáles son sus demandas, propuestas, problemas e inquietudes; y de esa manera acertar cuando se lleven al pleno porque, de lo contrario, podemos estar en el pleno debatiendo sobre cuestiones que no respoden a lo que quieren los vecinos". Tampoco vio inconveniente a adaptar el reglamento a la futura Ley Andaluza si la norma lo exigiera, en lugar de esperar a su aprobación tal y como reclamó el PSOE. Por último, Rodríguez Quesada defendió la idea de consensuar con los vecinos unos presupuestos participativos, aclarando que su capacidad de decisión se limita a marcar las prioridades en determinadas partidas de inversiones y programas específicos. 

El alcalde animó a las distintas asociaciones a participar e intervenir en los asuntos que son de interés para todos los ciudadanos. En el proceso abierto de alegaciones al borrador del reglamento participaron con sus aportaciones la Fundación Sierra Elvira, Grupo de Trabajo para la accesibilidad de Atarfe, la Asociación de Alumnos Antonio Machado del Centro de Adultos Mariana Pineda, la Asociación de Vecinos la Tasquiva, la Asociación La Arrejuntá, Ciudadanos, Colectivos de Mujeres Aura y vecinos a título particular.

En la votación el PSOE (5), PP (2) y Ciudadanos (2) rechazaron el reglamento llevado a pleno, y sólo PASI (6) y Ganemos (2) defendieron el documento.

Nota: Todo el que lo desee puede consultar el reglamento que aparece al final del artículo. La información es un resumen de lo sucedido en el pleno. Los debates pueden verse en su integridad en el siguiente video que se grabó en directo (Minuto 55,20 debate de Participación Ciudadana).

Otros asuntos de interés

Todos los grupos aprobaron por unanimidad la propuesta para crear una licencia de taxi con vehículo adaptado para personas discapacitadas y de movilidad reducida condicionada a la enmienda que presentó Ciudadanos para que tengan preferencia los propietarios de las tres licencias de taxi que hay en este momento. Se estableció un plazo de tres de meses. Si transcurrido este tiempo ninguno de los taxistas muestra interés por adaptar el vehículo, se inciará el proceso para adjudicar una cuarta licencia de taxi. 

En el capítulo urbanístico, se retiró una modificación que afectaba al uso del suelo industrial y la posibilidad de construir en él hoteles a la espera de su estudio en la comisión informativa. 

En cuanto a las mociones se aprobó por unanimidad la presentada por el PSOE con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo, para seguir profundizando en la igualdad de género. También una propuesta de Ciudadanos para la defensa del patrimonio subterráneo y cultural de Atarfe. Se dejó sobre la mesa la referida a la creación de una comisión específica para la gestión de la Plaza de Toros, también de Ciudadanos; y la iniciativa de Ganemos para instar a Aguasvira a que instale la canalización de agua potable a la urbanización Llanos de Silva desde el Balcón del Cubillas. El equipo de gobierno tiene previsto reunirse en los próximos días con Aguasvira para buscar soluciones a los problemas del agua que tiene esta urbanización, así como los vecinos de Los Cortijos y la Ribera.

Los residentes de estas urbanizaciones intervinieron en el capítulo de ruegos y preguntas para alertar del peligro que entraña para la salud los elevados índices de sulfato, así como para denunciar el supuesto uso irregular de cámaras de vigilancia. El exalcalde socialista Tomás Ruiz tomó también la palabra para mostrar su indignación por los insultos que recibió por parte de algunos vecinos que tomaron el uso de la palabra en una anterior sesión ordinaria, al tiempo que aseguró que se había actuado con responsabilidad a la hora de informar sobre el problema del agua que padecen las urbanizaciones antes mencionadas.

También tomó la palabra un representante del Grupo de Trabajo para la Accesibilidad de Atarfe para reclamar actuaciones que favorezcan la movilidad de los vecinos con dificultades para desplazarse.  


FICHEROS ADJUNTOS

Reglamento de Participación Ciudadana [268,10 Kb]




Atarfe decide asumir la gestión directa de la ayuda a domicilio
Todos los grupos políticos, a excepción del PSOE, votaron a favor de un modelo público que permitirá contratar a las trabajadoras por un periodo de tres años mediante concurso oposición.

 

El servicio de ayuda a domicilio que se presta a 175 vecinos del municipio pasará en unos meses a gestionarse de forma directa por el Ayuntamiento de Atarfe, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y también la calidad de la atención a los usuarios.

Así lo entienden la mayor parte de los partidos que forman parte de la corporación, entre ellos Por Atarfe Sí (PASI), en el equipo de gobierno; PP, Ciudadanos y Ganemos que aprobaron en el pleno extraordinario celebrado el jueves 3 de marzo la propuesta de cambio a un modelo de gestión directa. Esta fórmula permitirá contratar a las trabajadoras -en la actualidad 47 mujeres- de forma temporal por un periodo de 3 años mediante procedimiento de concurso oposición y crear una bolsa de trabajo que cubra las eventualidades del servicio. Sólo el PSOE se opuso al modelo de gestión directa que avalan los informes de los técnicos de las áreas de Contratación, Intervención y Secretaría por entender que el sistema de contratación temporal no se ajustaba a la legalidad y disparaba los costes.

Entre el público, que llenó una vez más el salón de plenos, se encontraban la mayor parte de las trabajadoras que en las reuniones mantenidas con los distintos partidos expusieron su deseo de que se regularizara su situación y se apostara por un modelo de gestión directa por parte del Ayuntamiento en lugar de la prestación indirecta, como se ha venido haciendo en los últimos 20 años mediante la Comunidad de Bienes Hinojosa y Navarro con la que el Ayuntamiento no tenía suscrito contrato alguno. 

El servicio de ayuda a domicilio es una competencia de la Junta de Andalucía que delega en los ayuntamientos bajo la supervisión de la Diputación Provincial si se trata de municipios menores de 20.000 habitantes, como es el caso de Atarfe. La financiación corre a cargo de la administración autonómica.

Debate

Todos los partidos políticos, incluido el PSOE, votaron a favor de iniciar el expediente de revisión de oficio, es decir, el trámite necesario para cambiar un modelo de prestación -el de la comunidad de bienes Hinojosa y Navarro- que no se ajusta al sistema de contratación legalmente establecido, según consta en el informe técnico del área de Contratación.

 

La portavoz del equipo de gobierno, Rosa Félix (PASI), aludió a los argumentos de dicho informe donde se cuestiona que no exista contrato administrativo por escrito ni expediente de contratación legalmente establecido para formalizar una relación contratactual. La Comunidad de Bienes carecía igualmente de personalidad jurídica para formalizar contratos con la Administración. Rosa Félix explicó que, de aprobarse la revisión, como así sucedió minutos después, era obligado remitir el expediente al Consejo Consultivo para que se pronuncie sobre el mismo, un trámite que puede demorarse entre dos y cuatro meses, si bien ofreció el compromiso del equipo de gobierno de agilizar en este tiempo el proceso de cambio de gestión sin que ello repercuta al servicio que se está prestando en la actualidad a los usuarios.

Donde no hubo unanimidad fue en el punto referido a la modificación del modelo de gestión. El portavoz del PSOE, Óscar González, cuestionó la legalidad de un procedimiento de contratación temporal y presentó como argumento varias sentencias condenatorias que reconocían los derechos laborales de las trabajadoras frente a la administración, es decir, que existía una relación de continuidad laboral que podía ser causa de posibles indemnizaciones por despido. El PSOE mantiene que el servicio de ayuda a domicilio se presta de forma permanente y critica al equipo de gobierno por no garantizar una plantilla estable.

Sin embargo, los informes técnicos señalan que es un servicio delegado por la Junta de Andalucía que dejaría de prestarse en el momento en el que la administración autonómica lo considerase preciso; de ahí que el equipo de gobierno se haya decantado finalmente por un modelo de gestión directa, de contratación temporal por 3 años mediante un proceso de selección de concurso oposición. Por otro lado, el plan de ajuste que se aprobó en el anterior mandato socialista para reducir la elevada deuda y la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, limitan la capacidad de maniobra del Ayuntamiento de Atarfe en materia de contratación, según recordó Rosa Félix. 

En la actualidad, las 47 auxiliares de ayuda a domicilio forman parte del régimen especial de autónomos y a lo largo de estos años vienen denunciando su situación de precariedad.

El PSOE también puso en duda la memoria económica elaborada por el interventor donde, según los socialistas, no se contemplan los costes indirectos y, por tanto, auguran "desviaciones" que ocasionarán daños al ayuntamiento. Dicho grupo presentó la misma mañana del pleno un escrito para que este punto del orden del día se quedara sobre la mesa ante la posibilidad de que se incurriera, con su aprobación, en un "fraude de ley". 

El equipo de gobierno, molesto con el PSOE por haber dado la "callada por respuesta" a lo largo de seis meses de reuniones entre los representantes de los partidos y los técnicos, se negó a retirar el punto del orden del día, desmintiendo que en dicho informe no se recogiesen los costes indirectos.

Los reparos expuestos por los socialistas llevaron al portavoz del PP, Antonio Díaz, a amagar con abandonar el pleno si bien finalmente votaron a favor del cambio de modelo después de que el secretario municipal hiciera, a petición del concejal popular, una defensa de la labor realizada por los técnicos del Ayuntamiento que, según afirmó, "han actuado de buena fe" en todo el proceso de preparación del expediente. Antonio Díaz destacó que su voto era un "compromiso" que el PP había adquirido con las trabajadoras y recordó que al inicio del mandato su grupo presentó una moción para solucionar el problema del servicio de ayuda a domicilio.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Pascual Martín, anunció el voto favorable de su grupo recordando que la gestión directa era la fórmula preferida por las trabajadoras, respaldada en los informes de los técnicos municipales y "conforme a los cauces de legalidad". El edil de Ciudadanos advirtió, no obstante, que en las distintas reuniones mantenidas en los últimos seis meses han constatado "obstáculos" en el procedimiento, pues no se podrá garantizar la continuidad laboral del 100% de las personas que prestan el servicio, que pasarán a tener un contrato con fecha de extinción previamente establecida y que se formalizará conforme a un proceso selectivo en el que concurran los principios de mérito, capacidad y publicidad. "Venimos a hacer la voluntad del pueblo, que es lo que nos han solicitado, y votaremos a favor", concluyó.

Por su parte, el concejal de Ganemos, Antonio Lucena, presentó una propuesta que se tuvo en cuenta en la votación final para que no se fijara ahora el número de trabajadoras que se beneficiarán de los contratos de 3 años y se esperara al momento de la convocatoria, una vez que se conozca el número de horas que deben prestar. Su compañera Silvia Lara defendió la gestión pública de los servicios municipales, recordó que su grupo incluyó en el programa electoral el compromiso de regularizar la situación de las afectadas y aludió a las distintas reuniones que se han mantenido en las comisiones informativas y con las propias trabajadoras para tratar de buscar un modelo que, si bien no garantiza el 100% de las contrataciones, estimó que era el más adecuado, como así habían reconocido las propias afectadas.

La portavoz del gobierno, Rosa Félix, agradeció el apoyo de los grupos municipales del PP, Ciudadanos y Ganemos porque "desatasca" una situación que llevaba enquistada muchos años". La concejal del PASI reconoció que la solución "no es fácil" pero "con ayuda, sentido común y esfuerzo vamos a conseguir un servicio de calidad y que las trabajadoras tengan unas condiciones dignas".

Nota aclaratoria: La noticia que han leído es un resumen de lo ocurrido en el pleno. Pueden acceder al debate íntegro que se desarrolló en el pleno a través del siguiente enlace al video que se grabó en directo. También se adjunta más abajo distintos informes de los técnicos a los que se aludió durante el pleno, así como el escrito del PSOE presentado el mismo día del pleno extraordinario. 





La regularización de la ayuda a domicilio, a debate
El pleno extraordinario del jueves 3 de marzo abordará como único punto del día el cambio de modelo de gestión de la ayuda a domicilio. En la actualidad hay 47 trabajadoras y 150 usuarios.

La regularización de la ayuda a domicilio se debatirá este jueves en el pleno extraordinario que se celebrará a las 19 horas en el Ayuntamiento de Atarfe.

El equipo de gobierno, integrado por los concejales de Por Atarfe Sí (PASI), propone un cambio en el modelo de gestión para la prestación del servicio de ayuda a domicilio que pasa por la aprobación de las bases reguladoras para la contratación temporal de 47 trabajadoras mediante el sistema de concurso oposición y la creación de una bolsa de trabajo que cubra las eventualidades del servicio.

En la actualidad hay en Atarfe 150 usuarios del servicio de ayuda a domicilio, vecinos que precisan un apoyo temporal o permanente para continuar en su entorno habitual.

El pleno se retransmitirá en directo vía streaming. 







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